Nicolás Jiménez
Sociólogo e Integrante de “Pretendemos Gitanizar el Mundo”

Las políticas que se han dirigido a la población gitana no son políticas gitanas, son políticas totalmente payas que han pretendido solucionar los problemas que el sistema institucional payo tiene respecto de la población gitana. 

Las políticas que se han dirigido a la población gitana desde el advenimiento de la democracia, tanto a nivel estatal como autonómico, no son políticas gitanas, son políticas totalmente payas. En la promoción de algunas de esas políticas han participado personas gitanas. En el diseño de algunas de esas políticas han participado personas gitanas. En la implementación de algunas de esas políticas han participado personas gitanas. Incluso, en algún caso, en la evaluación del impacto de alguna de esas políticas han participado personas gitanas. 

Ninguna de esas políticas ha respondido a la solución de los problemas que encara cada día la población gitana sino que han pretendido solucionar los problemas que el sistema institucional payo tiene respecto de la población gitana. 

La Constitución ha perpetuado un sistema de dominación étnica antigitana sustentado en leyes y normas que hacen del antigitanismo un racismo especialmente institucional.

La Constitución española ha perpetuado el sistema de dominación étnica antigitana construido en los últimos 520 años —sustentado por más de 230 leyes y normas de todo rango que hacen del antigitanismo un racismo especialmente institucional— y ha dejado al margen de la organización del sistema institucional a la población gitana. No nos incluye ni como minoría étnica ni bajo ninguna otra condición colectiva. Las personas gitanas españolas no tenemos derechos colectivos reconocidos en base a nuestra etnicidad como sí los tienen las demás etnias o naciones que conforman el Estado español. 

Dado el diseño institucional del Estado español en base a la territorialidad, el concepto de etnia no tiene cabida. Así, las diversas culturas que conforman esta matria de patrias solo tienen espacio en sus respectivos territorios de manera que el disfrute de los derechos étnicos o culturales colectivos —el uso de la lengua propia, por ejemplo— se constriñe al territorio autonómico correspondiente. 

Para dar cabida al pueblo gitano es necesario un cambio en la Constitución que reconozca nuestra adscripción no limitada a un territorio concreto ya que la población gitana está presente en todo el territorio estatal y se nos dote de una específica autonomía, de una forma de autogobierno que nos permita gestionar las cuestiones colectivas que nos atañen y hacerlo de manera democrática, con la respectiva separación de poderes. Es decir, tiene que haber un gobierno, un parlamento y un poder judicial gitanos. 

Efectivamente, esto requiere un esfuerzo de imaginación y un compromiso para la superación del actual estado de postración (exclusión social, económica y laboral) en que nos encontramos. Dudo que los políticos actuales estén a la altura que este reto implica. 

Es muy importante que los partidos políticos incluyan a personas gitanas en sus listas electorales y que quien finalmente se alce con el gobierno incluya entre los cargos con poder de decisión a personas gitanas —aún no ha habido en España ningún/a ministro/a, consejero/a, secretario/a de estado, director/a general ¡ni siquiera un/a subdirector/a general! gitano/a—. 

Es de justicia que, al menos, el 2% de los cargos políticos estén ocupados por personas gitanas.

Es de justicia que, al menos, el 2 % de los/las candidatas/os sean personas gitanas y que el 2% de los cargos políticos estén ocupados por personas gitanas. La actual infrarrepresentación de personas gitanas en la política es consecuencia del antigitanismo. 

No obstante, eso no es suficiente. No basta con que haya personas gitanas en el parlamento y en el gobierno ya sea en el estatal como en los autonómicos. Esas personas gitanas que ahora se incluyen en las listas electorales no representan en modo alguno a la población gitana, representan a sus respectivos partidos y van a ser votados por un electorado que tendrá en cuenta el programa de gobierno que presente cada partido no por su condición étnica, o eso espero. 

Los partidos deben asumir en sus programas de gobierno un firme propósito de lucha contra el antigitanismo y el racismo en general y deben incluir políticas tendentes a la emancipación del Pueblo Gitano si realmente pretenden algo más que un simple lavado de cara. 

Fuente: elsaltodiario.com

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