La guía describe el modo en que los gobiernos pueden utilizar los datos para desarrollar acciones y estrategias coordinadas de respuesta a los delitos de odio que abarquen el mayor número de organismos, y que se puedan aplicar tanto a nivel nacional, como regional y local. Se reconoce, además el valioso papel que desempeña la sociedad civil en la recogida de datos de delitos de odio y en su monitorización.
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