El pasado 16 de abril, en el caso Lingurar contra Rumanía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó por unanimidad la vulneración de los artículos 3 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Ambos artículos prohíben, respectivamente, la prohibición de la tortura y de discriminación. La sentencia ha pasado muy desapercibida. Sin embargo, es la primera vez que el TEDH utiliza la expresión ‘institutional racism (racismo institucional); una expresión que, aunque en nuestro territorio comienza a popularizarse, no es la primera vez que se esgrime como argumento ante el Alto Tribunal. Tal y como reconoce Ðorđe Jovanović, presidente del European Roma Rights Centre, “llevamos años instando al TEDH para que utilice el término ‘racismo institucional’. Ahora, por primera vez, han adoptado el término en su razonamiento”. 

Los hechos denunciados ocurrieron en el invierno de 2011 en Vâlcele, un pequeño pueblo de Rumanía. El TEDH constata que “durante la mañana del 15 de diciembre de 2011, los demandantes recibieron la visita de 85 agentes armados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los solicitantes se encontraban desarmados y no se les imputaba ningún delito violento. Después de esa intervención, los demandantes quedaron con lesiones que necesitaron atención médica”. Según el testimonio de los denunciantes -la familia Lingurar- en un principio “los agentes se hicieron pasar por sus vecinos”. Cuando la familia dudó, los agentes derribaron la puerta principal y entraron en la vivienda. Nada más entrar se pusieron pasamontañas. Los informes médicos recogieron distintas lesiones en cada miembro de la familia (entre otras, moratones en ojos, pecho o brazos que requirieron de atención médica durante varios días)

Finalmente, el 16 de enero de 2014, tras varios años denunciando lo ocurrido ante distintas instancias, el Tribunal de Apelación de Braşov desestimó la demanda por infundada. Entre otras razones, el tribunal argumentaba que “las pruebas presentadas no podían probar más allá de toda duda razonable que los agentes de policía habían lesionado a los demandantes. Las declaraciones de los demandantes y los informes médicos, que siguen siendo los únicos elementos que apoyan esta teoría, no bastan para modificar la conclusión”. Por último, señalaba que “las investigaciones no se habían visto influidas por el hecho de que los solicitantes fueran romaníes“. 

La familia Lingurar acudió al TEDH alegando que (i) “las pruebas que figuraban en el expediente, a saber, los informes médicos y las declaraciones de los testigos, contradecían la versión de los hechos del Gobierno”; que (ii) “la investigación policial no había sido ni independiente ni eficaz”; (iii) que “el fiscal había justificado la proporcionalidad de la intervención policial utilizando estereotipos sobre lo que se percibía como la actitud de los romaníes en general y refiriéndose a otros incidentes no relacionados con el caso que afectaban a miembros de la comunidad romaní”; que (iv) “las comunidades romaníes se enfrentaban a un sesgo institucional racista, que se manifestaba en todas las políticas y procedimientos policiales dirigidos a sus comunidades. Sostuvieron que el plan de intervención de la policía de 15 de diciembre de 2011 había demostrado claramente que la redada tenía por objeto atacar a la comunidad romaní, que había sido descrita como una comunidad delictiva. La esencia misma de la intervención policial ha sido, en su opinión, racista”. 

Por otro lado, el European Roma Rights Centre (ERRC) intervino en el caso como “tercera parte”. Mediante distintos informes, investigaciones y encuestas, el ERRC alegó que (i) en los últimos años han aumentado las actitudes antigitanas en Europa: “las encuestas realizadas entre 2005 y 2015 por el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y el Instituto Nacional para el Estudio del Holocausto en Rumanía indicaron que entre el 41% y el 68% de los encuestados preferiría no tener un compañero de trabajo, un vecino, un amigo o un miembro de la familia romaní; el 21% consideraba que los romaníes eran una amenaza; el 61% consideraba que los romaníes eran una fuente de vergüenza para Rumanía; y el 52% afirmaba que no debía permitirse a los romaníes viajar fuera del país”. Además, el ERRC argumentó que (ii) Rumanía no realiza ningún registro de los delitos con motivación racial ya que carece de un sistema completo de recopilación de datos. En este sentido (iii) el ERRC sostuvo “que, según la información reunida por los medios de comunicación, la aldea de los demandantes pertenecía a una zona con una importante población romaní y con un historial reciente de graves actos de violencia perpetrados contra los romaníes, como denuncias de repetidos abusos policiales, tensiones étnicas y presuntos linchamientos“. Ante ello, sin embargo, el ERRC constataba (iv) “la falta de mecanismos institucionales adecuados para proteger a los romaníes” y concluía que (v) “el hecho de que las autoridades no aplicaran medidas y políticas apropiadas revelaba la existencia de racismo institucional“. 

Finalmente, el TEDH concluye que, en primer lugar, “ni los tribunales nacionales ni el Gobierno han demostrado de manera convincente que, en las circunstancias particulares del presente asunto, la fuerza empleada por el durante los acontecimientos del 15 de diciembre de 2011 fue proporcionada” y que “las lesiones alegadas por las víctimas, según lo establecido en los informes médicos forenses […], alcanzaron el nivel mínimo de gravedad exigido por el artículo 3 de la Convención”. Por tanto, según el Alto Tribunal se ha producido una violación del artículo 3 CEDH. 

En segundo lugar, en relación con la vulneración del artículo 14, el TEDH señala que “la forma en que las autoridades justificaron y ejecutaron la redada policial demuestra que la policía había ejercido sus poderes de manera discriminatoria, esperando que los solicitantes fueran delincuentes a causa de su origen étnico” y, un poco más adelante, insiste en que “los demandantes fueron atacados porque eran romaníes y porque las autoridades percibían a la comunidad romaní como antisocial y criminal“. 

En tercer lugar, en relación con la ausencia de una investigación eficaz, el TEDH insiste en que “en las situaciones en que hay pruebas de que existen pautas de violencia e intolerancia contra una minoría étnica, las obligaciones positivas que incumben a los Estados miembros exigen una mayor calidad de respuesta a los supuestos incidentes motivados por prejuicios“. “En el Estado demandado -prosigue el TEDH- las comunidades romaníes se enfrentan a menudo al racismo institucional y son propensas a un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. En este contexto, el mero hecho de que los estereotipos sobre el “comportamiento romaní” figuren en la evaluación de la situación por parte de las autoridades puede dar lugar a sospechas de discriminación por motivos étnicos. Esas sospechas, junto con las modalidades de intervención del 15 de diciembre de 2011, deberían haber llevado a las autoridades a adoptar todas las medidas posibles para investigar si la discriminación puede haber desempeñado o no un papel en los hechos. Sin embargo, las autoridades y los tribunales nacionales han desestimado las alegaciones de discriminación y criminalización de la comunidad romaní formuladas por los demandantes sin ningún análisis en profundidad de todas las circunstancias pertinentes del caso”. Por ello, el TEDH concluye que se ha producido una violación del artículo 14 CEDH en relación con el artículo 3 CEDH. 

Fuente:derechosygarantias.wordpress.com

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